La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2025, n\u00famero 956\/2025 (TS:2025:3472), ha supuesto un hito relevante en la fiscalidad de la empresa familiar al delimitar con claridad el alcance del requisito relativo a la existencia de un empleado con contrato laboral y jornada completa.<\/p>\n
Hasta esta resoluci\u00f3n, la Administraci\u00f3n Tributaria ven\u00eda sosteniendo que, adem\u00e1s del cumplimiento formal de dicho requisito, era necesario que la empresa acreditase que la contrataci\u00f3n respond\u00eda a una carga de trabajo suficiente o a una razonabilidad econ\u00f3mica, a fin de considerar que la actividad desarrollada ten\u00eda car\u00e1cter econ\u00f3mico. Esta interpretaci\u00f3n administrativa, no expresamente prevista en la ley, generaba una notable inseguridad jur\u00eddica, especialmente en sociedades patrimoniales dedicadas al arrendamiento de inmuebles, al supeditar la aplicaci\u00f3n del beneficio fiscal a valoraciones subjetivas del \u00f3rgano inspector.<\/p>\n
El requisito laboral en la empresa familiar<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n La normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que, para la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n por empresa familiar, con car\u00e1cter general del 95 % del valor de las participaciones, la entidad transmitida debe desarrollar una actividad econ\u00f3mica. A estos efectos, el art\u00edculo 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio remite al art\u00edculo 27.2 de la Ley del IRPF, que exige, en el caso del arrendamiento de inmuebles, la concurrencia de dos requisitos: la existencia de un local afecto a la actividad y la utilizaci\u00f3n, al menos, de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.<\/p>\n Este requisito ha sido hist\u00f3ricamente controvertido, especialmente en empresas familiares de reducida dimensi\u00f3n, donde la gesti\u00f3n del patrimonio inmobiliario no siempre exige una dedicaci\u00f3n intensiva o continuada de personal.<\/p>\n La interpretaci\u00f3n restrictiva de la Administraci\u00f3n tributaria<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n En la pr\u00e1ctica inspectora, la Agencia Tributaria hab\u00eda venido aplicando una interpretaci\u00f3n material del art\u00edculo 27.2 de la Ley del IRPF, exigiendo no solo la existencia formal del contrato laboral, sino tambi\u00e9n la acreditaci\u00f3n de una carga de trabajo efectiva y significativa que justificase una jornada completa.<\/p>\n Este planteamiento se traduc\u00eda con frecuencia en la denegaci\u00f3n de las reducciones fiscales cuando la Administraci\u00f3n entend\u00eda que el trabajador no desarrollaba funciones suficientes dentro de la estructura empresarial, obligando a las empresas a justificar una dedicaci\u00f3n concreta incluso en actividades cuya naturaleza no requiere una prestaci\u00f3n laboral constante.<\/p>\n El criterio fijado por el Tribunal Supremo<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n El Tribunal Supremo ha corregido este planteamiento al establecer que la normativa no exige acreditar una carga efectiva de trabajo. Resulta suficiente demostrar la existencia de un contrato laboral v\u00e1lido, vigente y formalizado a jornada completa, siempre que dicho contrato sea necesario para la organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica. No obstante, el Tribunal Supremo advierte que, si Hacienda sospecha que el contrato es meramente formal o simulado<\/strong>, debe probarlo mediante el procedimiento legal adecuado, en lugar de negar la reducci\u00f3n bas\u00e1ndose en apreciaciones subjetivas<\/span><\/p>\n El Alto Tribunal recuerda que la ley no distingue entre mayor o menor intensidad en la prestaci\u00f3n de servicios, por lo que no resulta admisible introducir requisitos adicionales por v\u00eda interpretativa cuando el legislador no los ha previsto expresamente.<\/span><\/p>\n Consecuencias pr\u00e1cticas en la planificaci\u00f3n sucesoria<\/strong><\/span><\/p>\n La doctrina fijada por esta sentencia tiene un impacto directo en la planificaci\u00f3n sucesoria de la empresa familiar. Refuerza de forma significativa la seguridad jur\u00eddica de los contribuyentes y limita la discrecionalidad administrativa en la aplicaci\u00f3n de las reducciones fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.<\/p>\n A partir de este pronunciamiento, la Administraci\u00f3n no puede denegar autom\u00e1ticamente los beneficios fiscales por considerar insuficiente la carga de trabajo del empleado cuando existe un contrato laboral v\u00e1lido y a jornada completa. Ello reduce de forma relevante el riesgo fiscal y favorece la continuidad de la empresa familiar en un marco normativo m\u00e1s estable y previsible.<\/p>\n