La responsabilidad de los administradores es una de las cuestiones que m\u00e1s preocupa cuando una sociedad atraviesa dificultades econ\u00f3micas, acumula deudas o adopta decisiones que terminan causando perjuicios a socios, acreedores o terceros. La sociedad de responsabilidad limitada protege, con car\u00e1cter general, el patrimonio personal de los socios, pero no exime a los administradores del cumplimiento de sus obligaciones. Cuando incumplen sus deberes legales, pueden verse obligados a indemnizar los da\u00f1os causados o, en determinados supuestos, a pagar personalmente las deudas de la sociedad.<\/p>\n
Ahora bien, ni el fracaso empresarial ni la insolvencia convierten autom\u00e1ticamente al administrador en responsable. Para determinar si existe responsabilidad es necesario distinguir entre la acci\u00f3n social, la acci\u00f3n individual y la responsabilidad por deudas sociales del art\u00edculo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n puede responder como administrador?<\/span><\/strong><\/p>\n El r\u00e9gimen de responsabilidad no se limita al administrador cuyo nombramiento aparece inscrito en el Registro Mercantil, por ello, tambi\u00e9n puede alcanzar la responsabilidad a:<\/p>\n El art\u00edculo 236 de la Ley de Sociedades de Capital considera administrador de hecho a quien desempe\u00f1a realmente las funciones propias del cargo sin t\u00edtulo, con un nombramiento nulo o extinguido, o bajo cualquier otra apariencia, as\u00ed como a la persona cuyas instrucciones siguen los administradores formales.<\/p>\n No obstante, tener influencia, ser socio mayoritario, apoderado o director general no convierte autom\u00e1ticamente a una persona en administrador de hecho. Debe acreditarse que ejerce de manera efectiva y aut\u00f3noma funciones propias del \u00f3rgano de administraci\u00f3n o que influye activamente en las instrucciones determinantes de los administradores de derecho.<\/p>\n Cuando el \u00f3rgano de administraci\u00f3n sea colegiado, sus miembros pueden responder solidariamente por los actos lesivos adoptados. Para quedar exonerado, el consejero deber\u00e1 acreditar, seg\u00fan el caso, que no intervino en la decisi\u00f3n, que desconoc\u00eda justificadamente su existencia o que hizo todo lo posible para evitar el da\u00f1o o se opuso expresamente.<\/p>\n Los deberes de diligencia y lealtad<\/strong><\/span><\/p>\n Los administradores deben cumplir principalmente dos grandes deberes, el de diligencia y el de lealtad. El administrador debe actuar con la diligencia de un ordenado empresario, con la dedicaci\u00f3n adecuada y adoptando las medidas necesarias para la buena direcci\u00f3n y el control de la sociedad. Tambi\u00e9n tiene el deber de solicitar y el derecho a obtener la informaci\u00f3n necesaria para desempe\u00f1ar correctamente el cargo. En la pr\u00e1ctica el deber de diligencia implica entre otras obligaciones:<\/p>\n Sin embargo, una decisi\u00f3n empresarial que produce p\u00e9rdidas no genera por s\u00ed sola responsabilidad. El art\u00edculo 226 de la Ley de Sociedades de Capital protege la discrecionalidad empresarial cuando el administrador act\u00faa de buena fe, sin inter\u00e9s personal, con informaci\u00f3n suficiente y siguiendo un procedimiento de decisi\u00f3n adecuado. La ley no exige que todas las decisiones tengan \u00e9xito, sino que se adopten de forma diligente, informada y orientada al inter\u00e9s de la sociedad. El administrador debe actuar de buena fe, como un fiel representante y en el mejor inter\u00e9s de la sociedad. En definitiva, el deber de lealtad le obliga entre otras cuestiones a:<\/p>\n La infracci\u00f3n del deber de lealtad puede obligar al administrador no solo a indemnizar el da\u00f1o causado, sino tambi\u00e9n a devolver a la sociedad cualquier enriquecimiento injusto obtenido.<\/p>\n Acciones de responsabilidad por da\u00f1os<\/span><\/strong><\/p>\n La LSC articula un sistema cl\u00e1sico de responsabilidad por da\u00f1os, basado en actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o en el incumplimiento de deberes del cargo. A partir de ah\u00ed, existen dos v\u00edas principales:<\/p>\n En materia de prescripci\u00f3n, la regla general en la LSC fija cuatro a\u00f1os desde que la acci\u00f3n hubiera podido ejercitarse para las acciones social e individual, lo que obliga a valorar bien el \u201cmomento de arranque\u201d en funci\u00f3n del caso.<\/p>\n La figura m\u00e1s sensible en escenarios de crisis es la responsabilidad solidaria por deudas del art\u00edculo 367 LSC. Puede activarse cuando concurre una causa de disoluci\u00f3n y el administrador no cumple sus deberes (convocar junta en plazo para acordar disoluci\u00f3n o medidas eficaces para remover la causa, o solicitar la disoluci\u00f3n judicial cuando proceda). Entre las causas m\u00e1s habituales:<\/p>\n El ejemplo m\u00e1s com\u00fan es cuando una sociedad entra en causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas y, pese a ello, sigue contratando proveedores o acumulando facturas sin convocar junta. Si se reclama judicialmente la deuda, el acreedor puede intentar dirigir la acci\u00f3n tambi\u00e9n contra el administrador respecto de esas obligaciones posteriores. Adem\u00e1s del plano societario, existen otros \u00e1mbitos que pueden comprometer al administrador, como son los siguientes aspectos:<\/p>\n Lista preventiva para administradores<\/strong><\/span><\/p>\n Para reducir el riesgo de responsabilidad personal resulta recomendable:<\/p>\n El administrador no responde personalmente por el mero hecho de que la sociedad tenga deudas o de que una decisi\u00f3n empresarial produzca p\u00e9rdidas. La responsabilidad aparece cuando incumple sus deberes, causa un da\u00f1o directo o no act\u00faa dentro de los plazos legales ante una causa de disoluci\u00f3n o una situaci\u00f3n de insolvencia. En situaciones de crisis, la prevenci\u00f3n y la rapidez son fundamentales y detectar a tiempo las p\u00e9rdidas, documentar las decisiones para activar los mecanismos societarios o concursales adecuados puede determinar que las deudas permanezcan exclusivamente en la sociedad o, por el contrario, terminen afectando al patrimonio personal del administrador.<\/p>\n\n
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\n \nAcci\u00f3n<\/th>\n Da\u00f1o o deuda reclamada<\/th>\n Qui\u00e9n puede ejercitarla<\/th>\n Plazo general<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n \n Acci\u00f3n social<\/td>\n Da\u00f1o causado al patrimonio de la sociedad<\/td>\n Sociedad y, en determinados casos, socios o acreedores<\/td>\n Cuatro a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n \n Acci\u00f3n individual<\/td>\n Da\u00f1o directo causado a un socio o tercero<\/td>\n El perjudicado directamente<\/td>\n Cuatro a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n \n Responsabilidad del art\u00edculo 367 LSC<\/td>\n Deudas sociales posteriores a la causa de disoluci\u00f3n<\/td>\n Acreedor de la sociedad<\/td>\n El mismo plazo que la deuda garantizada<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Responsabilidad por deudas del art. 367 LSC y otros frentes de riesgo<\/span><\/strong><\/span><\/h2>\n
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