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Aprobada la nueva reforma financiera

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que articula una nueva reforma financiera, la tercera del actual Gobierno, para dar cumplimiento a las premisas acordadas con Europa y recibir la ayuda de 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca española.

Uno de los puntos más destacados en la ampliación del margen de maniobra del Banco de España y el Gobierno ante las instituciones financieras con problemas de liquidez, en aras de evitar problemas de contagio al resto del sistema financiero nacional, así como blindarlo contra crisis futuras.

El Decreto refuerza la presencia del Gobierno en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como conferir poderes a este organismo para requerir el cese o sustitución de los gestores de las entidades dentro de procesos de intervención. Antes de llegar a esta fase, se contempla la articulación de ayudas a los bancos con posibilidad de regresar a la solvencia, tanto procedentes de fondos europeos como a través de diferentes instrumentos de capital que podrán devolverse en un plazo de hasta siete años.

Otra de las nuevas medidas es el traslado desde el Ministerio de Economía al Banco de España de la capacidad para imponer a los administradores de bancos y cajas sanciones que pueden ir desde los 500.000 euros hasta la inhabilitación para ejercer cargos de dirección durante diez años. También se limita a medio millón de euros la retribución fija por todos los conceptos de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que necesiten de ayuda pública.

Por otro lado, para evitar otro proceso como el de las participaciones preferentes, se fija un valor mínimo de 100.000 euros para las emisiones de sociedades no cotizadas, lo que deja fuera a casi todo los inversores particulares. Para los ahorradores con preferentes de entidades nacionalizadas, el Gobierno ofrecerá un canje, a precio de mercado, con lo que éstos tendrán que asumir una quita sobre su inversión inicial.

Respecto a las exigencias de solvencia, las entidades deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% antes del 1 de Enero del próximo año. El umbral anterior estaba fijado en el 8%, para aquellas instituciones que no requirieran ayuda pública, y el 10% para el resto. Por último, la nueva norma recoge la figura del “Banco Malo”, sociedad de gestión destino de los activos tóxicos vinculados al ladrillo. Los detalles sobre su gestión y forma operativa se desarrollarán en un reglamento posterior.

FUENTE: EUROPA PRESS

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