Existen multitud de empresas que, ante la situación de crisis por la que estamos atravesando, presentan una situación de desequilibrio patrimonial grave o se encuentran en situación de insolvencia. Es decir, o bien el Patrimonio Neto se encuentra por debajo de la mitad del Capital Social, o no puede hacer frente a sus obligaciones de manera regular y constante.
El incumplimiento de sus obligaciones por parte del órgano de administración de una empresa puede suponer una derivación de responsabilidad para sus miembros.
Es una práctica habitual que el órgano de administración decida no liquidar la sociedad y mantenerla sin actividad con la esperanza de poder reactivarla en el futuro, o bien por evitar los trámites y gastos que conlleva la liquidación y disolución de una sociedad.
Al igual que en los casos analizados en puntos anteriores, la situación de inactividad de una empresa también supone una serie de obligaciones y responsabilidades para los administradores, siendo la primera de ellas la aprobación de la nueva situación en Junta General.