Ambas figuras carecen de personalidad jurídica propia por lo que su actividad y su responsabilidad jurídica siempre irán directamente vinculadas a la sociedad matriz del inversor extranjero.

En términos generales, los requisitos, trámites formales y costes relacionados con la apertura de una sucursal en España de una sociedad extranjera son muy similares a los de la constitución de una filial (como sociedad).

Adquisición de acciones o participaciones sociales, adquisición de bienes inmuebles situados en España o adquisición de negocios. Se necesita de la intervención de un fedatario público para realizar la trasacción.

La documentación que se debe aportar es la siguiente:

Título de propiedad de las acciones o participaciones que se trasmiten.
Poderes, en su caso, para comparecer en nombre de vendedor y comprador, según corresponda.
En caso de haberse otorgado en el extranjero, debe estar debidamente legalizado (ver requisito 5 del apartado 4 anterior).
N.I.E./N.I.F. o D.N.I. español del vendedor y comprador (ver apartado 3 anterior).
Manifestación sobre el titular real tanto para comprador como para vendedor, en caso de que sean personas jurídicas: podrá aportarse un acta notarial de manifestaciones de titularidad real o declararse en la propia escritura (ver requisito 4º del apartado 4 anterior).
Justificación documental del pago y el medio a través del cual se ha realizado (en concreto, si el precio se recibió con anterioridad al otorgamiento, su cuantía, así como si se efectuó con cheque u otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria).

Otra forma de inversión es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas establecidas en España, de naturaleza no inmobiliaria ni financiera, y no cotizadas, a través de la constitución de entidades de capital riesgo. El capital-riesgo se define como aquellas estrategias de inversión que canalizan financiación de forma directa o indirecta a empresas, maximizan el valor de la empresa generando gestión y asesoramiento profesional y desinvierten en la misma con el objetivo de aportar elevadas plusvalías para los inversores. A través de esta vía, se podrá invertir tanto en proyectos empresariales en primera fase de desarrollo (venture capital), como en empresas ya maduras con una trayectoria consolidada de rentabilidad (private equity).

La actual regulación del capital riesgo en España, contenida en la Ley 22/2014 de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (“Ley de Capital Riesgo”), flexibiliza el marco normativo de dichas entidades con, entre otros, el objeto de fomentar una mayor captación de fondos que permita la financiación de un mayor número de empresas.